sábado, 26 de octubre de 2013

Homologado régimen de visita virtual por tribunal venezolano (vía messenger)

En fecha 10 de Abril de 2006, los ciudadanos ALBERTO JOSÉ FERRER PÉREZ e HIRALISYASKAR DEL CARMEN GUERRA CARRILLO antes identificados, asistido el primero por la Defensora Pública Segunda, Abogada NORY CORONEL; y la segunda representada por su apoderada judicial la Abogada SONIA BARBOZA RINCON, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 47.091, por estar la ciudadana HIRALISYASKAR DEL CARMEN GUERRA CARRILLO, domiciliada junto con el niño LUIS ALBERTO FERRER GUERRA, en los Estados Unidos de Norteamérica, y los ciudadanos ARELYS MARGARITA CARRILLO DE GUERRA y GILBERTO JOSE GUERRA CARILLO, titulares de las cédulas de identidad Nº(s): 3.882.141 y 8.970.526 respectivamente, en su condición de progenitora y hermano de la ciudadana HIRALISYASKAR DEL CARMEN GUERRA CARRILLO, en el que acordaron visitas internacionales provisorias por medio de la utilización de las altas tecnologías (videoconferencia entre el progenitor y su hijo por Internet), mientras se realice una entrevista posterior por video conferencia mediante Internet, requerida por este Juez Unipersonal No. 1, a los fines de lograr tener contacto directo con la demandada y el niño de autos mediante el principio de inmediación procesal, con la finalidad de establecer un régimen de visita definitivo de obligatorio cumplimiento, logrando de este modo la tutela judicial efectiva.

En fecha 25 de Abril de 2006, marcando este Órgano Jurisdiccional un antecedente a nivel nacional, se llevó a efecto la entrevista pautada mediante videoconferencia con la utilización de Internet. El Tribunal dejó constancia de la video conferencia fijada para esa fecha, estando presentes en la Sala de este Tribunal el actor ciudadano Alberto José Ferrer Pérez y la ciudadana Amarilis Pérez de Ferrer (madre del actor), titulares de las cédulas de identidad números 9.735.909 y 7.700.144 respectivamente, asistidos por la Defensora Pública Segunda, abogada Nory Coronel, así como los ciudadanos Gilberto José Guerra Carrillo y Arelys Margarita Carrillo de Guerra, (hermano y madre de la demandada), titulares de las cédulas de identidad números 8.970.526 y 3.882.141, respectivamente, asistidos por la abogada Sonia del C. Barboza Rincón, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 47.091, llevándose a cabo la video conferencia, con la ciudadana Hiralisyaskar del Carmen Guerra Carrillo, domiciliada junto con el niño Luis Alberto Ferrer Guerra, en los Estados Unidos de Norteamérica, y el Juez Unipersonal Nº 1, Dr. Héctor R. Peñaranda Q, anexando a las actas copia de la referida video conferencia.

PARTE MOTIVA

I
LA IUSCIBERNÉTICA
Entre el Derecho y la Informática (Iuscibernética) se podrían apreciar entre otras, dos importantes tipos de interrelaciones. Si se toma como enfoque el aspecto netamente instrumental, se está haciendo referencia a la informática jurídica. Pero al considerar a la Informática como objeto del Derecho, se hace alusión al Derecho de la Informática o simplemente Derecho Informático.
La cibernética juega un papel bastante importante en estas relaciones establecidas en el párrafo anterior. Por cuanto sabemos que la cibernética es la ciencia de las ciencias, y surge como necesidad de obtener una ciencia general que estudie y trate la relación de las demás ciencias.

De esta manera, tenemos a la ciencia informática y por otro lado a la ciencia del derecho; ambas disciplinas interrelacionadas funcionan más eficiente y eficazmente, por cuanto el Derecho en su aplicación, es ayudado por la Informática; pero resulta que ésta debe de estar estructurada por ciertas reglas y criterios que aseguren el cumplimiento y respeto de las pautas informáticas; así pues, nace el Derecho Informático como una ciencia que surge a raíz de la cibernética, como una ciencia que trata la relación Derecho e Informática desde el punto de vista del conjunto de normas, doctrina y jurisprudencia, que van a establecer, regular las acciones, procesos, aplicaciones, relaciones jurídicas, en su complejidad, de la Informática. Pero del otro lado encontramos a la Informática Jurídica que ayudada por el Derecho Informático hace válida esa cooperación de la Informática al Derecho.

En efecto, la Informática no puede juzgarse en su simple exterioridad, como utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos, pura y llanamente; sino que, en el modo de proceder se crean unas relaciones inter subjetivas de las personas naturales o jurídicas y de entes morales del Estado, y surgen entonces un conjunto de reglas técnicas conectadas con el Derecho, que vienen a constituir medios para la realización de sus fines, ética y legalmente permitidos; creando principios y conceptos que institucionalizan la Ciencia Informática, con autonomía propia.
Esos principios conforman las directrices propias de la institución informática, y viene a constituir las pautas de la interrelación nacional-universal, con normas mundiales supra nacionales y cuyo objeto será necesario recoger mediante tratados públicos que hagan posible el proceso comunicacional en sus propios fines con validez y eficacia universal.

¿QUÉ ES LA INFORMÁTICA JURÍDICA?

Es una ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos, como la computadora, en el derecho; es decir, la ayuda que este uso presta al desarrollo y aplicación del derecho. En otras palabras, es ver el aspecto instrumental dado a raíz de la informática o las altas tecnologías en el derecho.

¿QUÉ ES EL DERECHO INFORMÁTICO O DE LAS ALTAS TECNOLOGÍAS?
El Derecho Informático es la otra cara de la moneda. En esta moneda encontramos por un lado a la Informática Jurídica, y por otro entre otras disciplinas encontramos el Derecho Informático; que ya no se dedica al estudio del uso de los aparatos informáticos como ayuda al Derecho, sino que constituye el conjunto de normas, aplicaciones, procesos, relaciones jurídicas que surgen como consecuencia de la aplicación y desarrollo de la Informática. Es decir, que la Informática en general desde este punto de vista es objeto regulado por el derecho.
Al penetrar en el campo del Derecho Informático, se obtiene que también constituye una ciencia, que estudia la regulación normativa de la Informática y su aplicación en todos los campos. Pero, cuando se dice Derecho Informático, entonces se analiza si esta ciencia forma parte del Derecho como rama jurídica autónoma ; así como el Derecho es una ciencia general integrada por ciencias específicas que resultan de las ramas jurídicas autónomas, tal es el caso de la Civil, Penal y Contencioso Administrativa.

PARTE DISPOSITIVA
DECISIÓN OFICIAL DEL ESTADO

Por los fundamentos antes expuestos este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Juez Unipersonal Nº 01, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

• Consumado el acto procesal del convenimiento de fecha 25 de Abril de 2006, celebrado entre los ciudadanos ALBERTO JOSE FERRER PEREZ e HIRALISYASKAR DEL CARMEN GUERRA CARRILLO, pasándolo en autoridad de cosa juzgada como sentencia definitivamente firme, y en consecuencia QUEDA APROBADO Y HOMOLOGADO el referido convenimiento trascrito en la parte narrativa de esta decisión.
• Insta a la ciudadana HIRALISYASKAR DEL CARMEN GUERRA CARRILLO, antes identificada a suministrar la dirección exacta y número telefónico, a los fines de dar cumplimiento a la realización del informe Psicológico y de Orientación a la ciudadana antes mencionada, a su esposo y al niño Luis Alberto Ferrer Guerra.

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada por secretaria.

Dada, Firmada y sellada en la Sala de Juicio, Despacho del Juez Nº 1, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los Veintisiete (27) días del mes de Abril del 2.006. Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

El Juez Unipersonal Nº 1,

Dr. Héctor Peñaranda Quintero

La Secretaria


Abog. Angélica María Barrios.


En la misma fecha siendo las 10:00 a.m. se publicó el presente fallo bajo el Nº _______, en el libro de sentencias interlocutorias llevado por este Tribunal durante el presente año. La Secretaria.


Exp. 06460.
HPQ/hpq/isra
rvp:hrpq

Sala de Casacion Social asume competencia para solicitudes de Exequatur con incidencia de Niños Niñas y adolescentes

Mediante decisión N° 808 de 4 de octubre de 2013, la Sala Casación Social asumió la competencia para conocer las solicitudes de exequátur de sentencias extranjeras, cuando hayan sido dictadas en asuntos contenciosos y tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes.

En vista de la desaplicación, la competencia para conocer las solicitudes de exequátur de sentencias extranjeras, cuando hayan sido dictadas en asuntos contenciosos y tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, le corresponde a la Sala de Casación Social y a los Juzgados Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes cuando se requiera dar fuerza ejecutoria a sentencias dictadas en asuntos no contenciosos, que tengan igualmente incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes

Para ver sentencia completa hacer clic aqui:  http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/octubre/157286-0808-81013-2013-13-005.HTML

viernes, 4 de octubre de 2013

SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ ANULA EL ARTICULO 177 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO.

SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ ANULA EL ARTICULO 177 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO.
Se ordenó la publicación de la sentencia en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuelan Touristse
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, anuló el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), el cual establecía que "Los Jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia."
En el presente caso el abogado Henry Pereira Gorrín interpuso una acción de nulidad por inconstitucionalidad contra el referido artículo, pero desde el 22 de noviembre de 2011 el solicitante no realizó acto alguno de impulso, transcurriendo más de un año sin ninguna actividad, por lo que en base a lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declaró la perención de la instancia y la extinción del proceso en la acción de nulidad.
Sin embargo observó la Sala que la denuncia por inconstitucionalidad del artículo 177 de la LOPT infringe el orden público constitucional, al pretender esa norma obligar o vincular a los jueces de instancia de la jurisdicción laboral a que sigan la doctrina emitida por la Sala de Casación Social del TSJ, lo cual es contrario a lo establecido en la Carta Magna en su artículo 335.
La Sala haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 336.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de oficio, pasó a resolver la inconstitucionalidad de la norma impugnada y declaró la nulidad del artículo 177 de la LOPT, por ser contrario a la disposición del artículo 335 de la Carta Magna.
Precisa la sentencia, entre otros aspectos, que el legislador al dictar la disposición del artículo 177 de la LOPT, fue más allá del diseño del Estado de Derecho y de Justicia implantado en la Carta Magna, al imponer la obligación a los jueces de la jurisdicción laboral de interpretar disposiciones normativas de carácter legal, en detrimento del principio de autonomía e independencia del juez para adoptar la decisión más acertada en un caso concreto, atendiendo las circunstancias que rodean al mismo
El fallo de la Sala Constitucional agrega que lo anterior "no obsta para que los jueces de instancia acojan la doctrina de casación establecida en casos análogos, atendiendo la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia."
Autor:
Redacción TSJ
sentencia enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/octubre/156995-1264-11013-2013-10-0093.html
Fecha de Publicación:
03/10/2013